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Advocacy — Cronología de diligencias

Desde 2021 se ha planteado formalmente ante distintas administraciones la necesidad de un marco de honorarios mínimos equivalentes (MEF/HME) para profesionales que ejercen por cuenta propia, incluyendo una vía judicial ya resuelta (2021–2024) y un desarrollo académico continuado (Congreso COAM 2025, artículo publicado en el Italian Labour Law e-Journal, 2026). En 2026 se ha abierto una nueva vía institucional, centrada en la actualización del criterio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la luz del marco normativo europeo más reciente, actualmente en curso ante el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y ante el Defensor del Pueblo.

A continuación se detalla la cronología completa del proceso, con enlaces a los documentos originales para quien quiera consultar el expediente completo.


Cronología documental

Bloque 1 — Petición original y vía judicial (2021–2026)

23/03/2021 — Petición al amparo del artículo 29 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 4/2001, presentada ante la Ministra de Trabajo y Economía Social, solicitando el establecimiento de un sistema de Honorarios Mínimos Profesionales equivalente al Salario Mínimo Interprofesional. Ver petición

29/03/2021 — El Ministerio de Trabajo y Economía Social remite la petición a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO), por razón de la materia.

12/10/2021 — Ante la falta de resolución expresa, se interpone recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera; Procedimiento Ordinario 1/2022, Registro General 17390/2022), admitido a trámite por Decreto de 15/10/2021. Ver decreto de admisión

10/02/2022 — Informe de la Dirección General de Política Económica (DGPOLECO), del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (CSV 1471189-94538828), que desestima el fondo de la solicitud, fundamentándose en informes previos de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de 2009 y 2012, sin analizar la normativa y jurisprudencia europea posterior aportada en la petición. Este informe se aportó como parte del expediente en sede judicial, con posterioridad a la interposición del recurso contencioso-administrativo. Ver informe DGPOLECO

23/03/2022 — Formalización de la demanda, con la argumentación jurídica de fondo: vulneración de los arts. 14 y 35 CE, compatibilidad de un sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes con la libertad de empresa (art. 38 CE y art. 16 CDFUE) a la luz del test de proporcionalidad de la Directiva (UE) 2018/958 y la Directiva 2006/123/CE, y refutación punto por punto de los argumentos de la DGPOLECO, con datos del Architects’ Council of Europe sobre ingresos y brecha retributiva de género entre arquitectos autónomos y asalariados. Ver demanda

23/05/2022 — Escrito de Conclusiones, en respuesta a la contestación a la demanda del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: rebate punto por punto sus argumentos (naturaleza graciable de la petición, doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho de petición —STC 242/1993, STC 161/1988—, deberes de los arts. 9, 53 y 103 CE), aporta datos de Eurostat sobre la brecha retributiva de género entre trabajadores autónomos (hasta 34,3% en 2009), y sugiere, subsidiariamente, plantear cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la compatibilidad de un sistema de honorarios mínimos equivalentes con la libertad de empresa. Ver escrito de conclusiones

03/07/2024 — Sentencia nº 525/2024 de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera; Procedimiento Ordinario 1/2022): desestima el recurso e impone las costas a la parte actora (art. 139.1 LJCA). La sentencia reconoce que la petición debía entenderse admitida a trámite por no haberse declarado su inadmisión en plazo (art. 9.2 LO 4/2001), si bien considera que la causa de inadmisibilidad opera como causa de desestimación. Ver sentencia

03/09/2024 — Preparación de recurso de casación ante el Tribunal Supremo (R. Casación 6564/2024) contra la sentencia. Alega, entre otros motivos: que la sentencia impone las costas pese a reconocer que la Administración vulneró el derecho de petición; que ignora que la petición incorporaba una transmisión de normativa europea (Directiva 2018/958, STJUE ECLI:EU:C:2019:562) desconocida por el Ministerio, lo que por sí sola generaría efectos jurídicos autónomos con independencia de si procedía o no un pronunciamiento sobre el fondo; y que la falta de notificación en forma de las vías de recurso disponibles no puede perjudicar al peticionario. Ver recurso de casación

16/10/2024 — El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera) inadmite por providencia el recurso de casación, por razones estrictamente formales: falta de fundamentación suficiente del interés casacional objetivo (art. 89.2.f y 90.4.b LJCA) y falta de justificación del juicio de relevancia exigido por el art. 89.2.d LJCA. No entra a valorar el fondo del asunto. Impone una tasación de costas de hasta 1.000 € más IVA. (Transcripción del texto íntegro, con los nombres de partes y personal judicial suprimidos; CSV E04799402-MI:kdc9-RGcS-ZKEZ-DQGa-G, verificable en sedejudicial.justicia.es.) Ver providencia (texto)

27/10/2024 — Se plantea incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ) contra la providencia anterior, por entender que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE): alega falta de motivación suficiente y arbitrariedad en la aplicación de los requisitos formales de admisión del recurso de casación. Ver incidente de nulidad

25/11/2024 — La misma Sección inadmite, también por providencia, el incidente de nulidad de actuaciones planteado contra la providencia anterior: considera que no hubo indefensión, aplicación arbitraria de la norma ni error patente, remitiéndose a lo ya razonado sobre la insuficiente justificación del interés casacional objetivo y del juicio de relevancia. La sentencia de la Audiencia Nacional deviene firme. (Transcripción del texto íntegro, con los nombres de partes y personal judicial suprimidos; CSV E04799402-MI:dXdY-HWsh-cSSU-msoM-Q, verificable en sedejudicial.justicia.es.) Ver providencia (texto)

31/12/2025 — El interesado tiene conocimiento formal de la firmeza de la resolución judicial.

06/03/2026 — Queja ante el Defensor del Pueblo, no sobre el fondo del asunto judicial ya resuelto, sino sobre el funcionamiento estructural del derecho de petición en este expediente: posible vaciamiento material del derecho, la paradoja del régimen de admisión/inadmisión de peticiones, el efecto disuasorio del régimen de costas en el ejercicio de derechos fundamentales, y el principio de buena administración (art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Ver queja

04/06/2026 — Resolución del Defensor del Pueblo (expediente 26010099, Registro de Salida 26078333): no intervención, al amparo del artículo 17.2 de la Ley Orgánica 3/1981, por entender que el asunto ya había sido examinado por los tribunales. Cierre del Bloque 1. Ver resolución


Bloque 2 — Continuidad académica y de advocacy (2025–2026)

2025 — Presentación del documento “Honorarios Mínimos Profesionales. Un elefante (legislativo) en la habitación” en el I Congreso de Arquitectos de Madrid (COAM). Ver documento

2026 — Desarrollo y publicación del artículo académico derivado, “Minimum Equivalent Fees: A proposal to re-establish income equality for equivalent work”, en el Italian Labour Law e-Journal (Issue 1, Vol. 19, 2026; ISSN 1561-8048). El artículo, que desarrolla y amplía expresamente el documento presentado en el Congreso COAM 2025, incorpora el marco jurídico y los datos empíricos (Architects’ Council of Europe, European Institute for Gender Equality, jurisprudencia del TJUE, Directiva 2018/958, Directrices de la Comisión Europea 2022/C 374/02, modelo italiano del equo compenso) que sustentan la propuesta de Honorarios Mínimos Equivalentes. Leer artículo (DOI) · Ver en Publicaciones →


Bloque 3 — Nueva vía institucional, objeto distinto (2026, en curso)

07/03/2026 — Nueva petición, con objeto expresamente distinto al de 2021 (art. 8 LO 4/2001), presentada ante el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (registro REGAGE26e00024522458). Consta de dos dimensiones: (a) transmisión formal de normativa y jurisprudencia sobrevenida o no considerada en el informe DGPOLECO de 2022 — STJUE FNV Kunsten (C-413/13, 2014), Directiva (UE) 2018/958, Directiva (UE) 2019/790, STJUE Comisión c. Alemania (C-377/17, 2019, caso HOAI), Comunicación de la Comisión Europea 2022/C 374/02, y Ley italiana 49/2023 sobre equo compenso — así como datos empíricos (ACE, EIGE) sobre discriminación retributiva entre profesionales autónomos y asalariados; y (b) solicitud de que el Ministerio valore si el criterio actual de la CNMC es compatible con ese marco y, en su caso, inste su actualización. Ver petición

09/06/2026 — Nueva queja ante el Defensor del Pueblo por incumplimiento del plazo de tres meses del artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2001 para responder a la petición de marzo de 2026 (vencido el 07/06/2026), solicitando su acumulación al expediente 26010099. Ver queja

13/08/2026 — El Defensor del Pueblo acusa recibo de la queja anterior (N.º de Entrada 26086717, Registro de Salida 26111384). (Datos personales del interesado suprimidos.) Ver acuse de recibo

Estado actual — Pendiente de respuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a la petición de marzo de 2026, y pendiente de resolución de la nueva queja ante el Defensor del Pueblo.


Estado de tramitación

Administración Registro/Expediente Fecha Estado
Audiencia Nacional / Tribunal Supremo Proc. Ordinario 1/2022, R. Casación 6564/2024 03/07/2024 – 25/11/2024 Resuelto (firme)
Defensor del Pueblo (expediente original) 26010099 06/03/2026 – 04/06/2026 Cerrado (no intervención)
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa REGAGE26e00024522458 07/03/2026 Pendiente de respuesta
Defensor del Pueblo (nueva queja) Acumulación solicitada a 26010099 09/06/2026 Pendiente de resolución

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Última actualización: Septiembre 2026